Un informe emitido durante el día de hoy de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, afirmó que la policía peruana “hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza” y que “se cometieron violaciones a los derechos humanos, en particular de los derechos a la vida e integridad física”, en el contexto de las protestas ocurridas en Perú entre el 9 y 15 de agosto de 2020.
El ente internacional recabó antecedentes sobre los disparos percutados por las fuerzas de orden, y expresó que “según información recabada de personal médico”, que atendió a manifestantes heridos, “y basada en radiografías, existen motivos razonables para creer que la policía utilizó perdigones con una alta composición de metal”, y que, según estándares internacionales, “nunca se deben utilizar para dispersar las reuniones”.
Sobre los sucesos acontecidos, que dejó un saldo de al menos 200 heridos y 2 muertes, el documento señaló que hubo “un uso innecesario y excesivo de gases lacrimógenos”, lo cual significó que “niños de temprana edad requirieran atención médica” junto a “personas con discapacidad y de edad que experimentaron grandes dificultades”.
En cuanto a los fallecidos, se concluyó que Jack Bryan Pintado Sánchez (22) murió por “diez heridas penetrantes por perdigones en su cabeza, cuello, tórax y brazo”, mientras que el deceso de Inti Sotelo Camargo (24) fue debido a “una herida penetrante de tórax” por los mismos proyectiles.
“El reconocimiento es el primer paso hacia la rendición de cuentas y para evitar la repetición”, dijo la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.
Las manifestaciones en Perú se dieron después de que el Congreso destituyó al entonces Presidente Martin Vizcarra, y obligaron a renunciar a Manuel Merino, quien alcanzó a estar en el cargo por 6 días.
Por Bruno Mansilla
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