Columna de opinión
Fecha de publicación: 4 de abril de 2021
Puro Chile...
y su campo de flores minado
| Matías Zamora
Periodista
Permanentes jornadas complicadas se viven en la macrozona sur de nuestro país. Hace poco, vimos un trágico y violento ataque de armamento pesado a un equipo de TVN, en el que Esteban Sánchez (camarógrafo del canal de televisión) terminó perdiendo la visión total de su ojo derecho. No cabe duda de que La Araucanía, principalmente, es un constante campo minado del que varios civiles han sido víctimas. Lo peor de todo, es que no sabemos cuántas personas más seguirán viéndose afectadas por la violencia que hay en ese territorio.
El primer paso para enfrentar esta situación es identificar cuál es el problema. Ha pasado mucho tiempo en el que no se ha podido “aclarar” si es terrorismo o no lo que ocurre en el sur. Por un lado, distintos analistas dicen que sí y por otro se insiste en señalar que no ¿Por qué no dejamos que la gente que se ha visto afectada defina lo que se vive en dicho lugar?
El periodista Iván Núñez – siguiendo el mismo caso señalado en un principio -, quien también se vio tocado por lo ocurrido, señaló hace unos días que “fuimos víctimas de un ataque terrorista, esto no es violencia común”. Entonces, en este punto, cabe preguntarse ¿Qué es lo que hay que hacer para eliminar de raíz la violencia terrorista que se vive principalmente en La Araucanía?
Reiteradamente vemos en distintos medios de comunicación a “expertos” que hablan y hablan dando infinitas soluciones: militarizar la zona, llegar a un acuerdo, legislar, aprobar el derecho a portar armas para defensa propia, en fin. Las diferentes autoridades llevan años fracasando en las decisiones que se toman al respecto y no han sido capaces de realizar una gestión adecuada para finalizar con el conflicto en La Araucanía.
¿Por qué? Por la razón de que el poder centralizado de nuestro país no conoce verdaderamente lo que ocurre, no vive en carne propia el miedo que sienten día y noche los araucanos por estar expuestos a morir o perder alguna parte de su cuerpo producto de la violencia territorial que hay en la región. Llegó la hora de que el Estado empatice y sea capaz de escuchar con atención a la gente que necesita las medidas para su supervivencia.
La decisión de qué hacer no puede tomarse sin considerar a las víctimas. El país y los poderes del Estado deben atender de forma seria y prioritaria lo que las personas crean que se debe hacer para superar esta cruda realidad. Ellos no pueden quedar fuera, son los primeros que deben sentarse en la mesa para que las autoridades entiendan y canalicen la información de lo que verdaderamente ocurre. Así, se podrá tomar de manera definitiva una buena decisión para eliminar de raíz todo este campo minado que existe en el sur de nuestro país. Esta es la única forma de avanzar.